ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES DE BASE MUNICIPAL
José Noé Mijangos Cruz
Contrario a lo que se quiera
sostener, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) tienen la encomienda de
beneficiar el desarrollo de las regiones para el establecimiento de la
inversión extranjera directa (IED), la aplicación de tecnología con destino al
valor agregado local, la creación de figuras legales que armonicen la
legitimidad de los actores que tengan como principal aprovechamiento el
fortalecimiento del capital social, la visión a largo plazo que sostengan
proyectos que rebasen el periodo de gobierno municipal y la sostenibilidad del
ahorro a partir de la inversión con base en el control regulado de la mano de obra
competente.
Las ZEE no son artilugios
decorativos en el escenario político, de hecho, son la disposición de
planeaciones públicas que deben permitir la regulación municipal o
intermunicipal en donde la federación descongestione su interés monopolizador
de exacción fiscal y permita un manejo de afinidad productiva en los municipios
que al no tener gravadas las actividades productivas participen con su capital
social en las mejoras industriales que mayormente rentabilicen las pequeñas y
medianas empresas.
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| Foto: Alberto López Morales |
Los municipios de la región del
Istmo de Tehuantepec, tal y como los definen las normas constitucionales y
legales de la nación y del estado oaxaqueño, de conformidad con la política de
incentivos que el gobierno mexicano intenta pregonar con la creación de las
ZEE, no alcanzan a ser considerados como fuentes de inspiración endógena que
cultiven el respeto por los recursos naturales, fortalezcan la capacidad social
y empresarial de la región, obtengan la autorización de los pueblos originarios
que en congruencia con el trato diferenciado legítimo asciendan de entre la obediencia
instrumentada desde las ciudades y se priorice su bienestar en los núcleos en
donde aún aportan su participación social: la comunidad rural.
En ese sentido, la tarea del
legislador, en consonancia con la división de poderes del Estado mexicano, lo
remite a propiciar el ingenio que se necesita satisfacer en los instrumentos
legales cuya apertura comercial en los municipios y desde los municipios haga
factible la versión de desarrollo regional centrada en provincias con
necesidades especiales, y en donde los subsidios se destinen a la
infraestructura material que facilite la regularización territorial, el
mejoramiento de la calidad de vida y la producción a escala de exportación.
El diseño de protección a la
inversión por medio de fianzas y seguros, así como la posibilidad de permitir
la salida controlada de las utilidades a las empresas extranjeras, conlleva una
idea de unidad de producción en donde los municipios tengan como medida
territorial dictar las políticas públicas de aprovechamiento de los recursos,
desde la especialización de sus unidades económicas y ya no desde la
rentabilidad de una producción macro, para la ampliación de una sola ciudad, en
menoscabo de la periferia a la que no le es permitida resurgir con efectos
competitivos, pues la política nacional sólo la usa como referente comparativo.
El efecto de este tipo de políticas discriminatorias, se parece en estos casos,
a los pixeles de los planos virtuales que invisibilizan las experiencias
micrométricas después de ser avistado el nodo-ciudad.
En el Istmo de Tehuantepec
existen claras unidades de producción comunitaria que necesitan tener un enlace
institucional que opere como integrador de las experiencias territoriales. Tal
es el caso del corredor Tehuantepec-Salina Cruz. En ese tramo territorial se
halla la mayor disputa sobre la tenencia de la tierra que es un fenómeno
incongruente con la base federal de las ZEE. En ese modelo rural que involucra
algunas agencias de Tehuantepec con salida al Pacífico, la base municipal
debería ser la opción, pues al recargar en Salina Cruz algunas planeaciones
industriales por su ubicación como refinería, deja en estado de indefensión al
municipio de Tehuantepec que no ha podido solventar factores de sustentabilidad
si no es solamente en forma de subsidios temporales que terminan en bolsillos
de líderes asignados (sin legitimidad) desde el gobierno del estado. Un ejemplo
de lo anterior lo constituyen los pescadores ribereños, cuyos líderes propician
bases electorales y no destinan la inversión a los fines para los cuales fueron
beneficiados con participaciones federales.
(Publicado en +Noticiasnet.mx Voz e Imagen de Oaxaca, 10/02/2017, p. 7A)
Twitter: @JNMIJANGOS
(Publicado en +Noticiasnet.mx Voz e Imagen de Oaxaca, 10/02/2017, p. 7A)
